Miguel Ángel Barrios y Norberto Emmerich
Así como
el narcotráfico brasileño está asociado a las cárceles, toda
problemática del narcotráfico en Argentina suele tener un correlato
futbolístico. La disputa rosarina por el control territorial de las
zonas de narcomenudeo entre Los Monos y Los Garompas es en realidad una
derivación de la disputa entre las barras bravas de Newell’s Old Boys y
Rosario Central.
Lo mismo
sucede con la banda de Los Gardelitos y Boca Juniors, cuando Macri era
presidente del club. Se trata de un cartel del narcotráfico afincado en
el norte del GBA proveniente de Tucumán, donde fueron expulsados por los
Alé (secuestradores de Marita Verón) y estaban afiliados a San Martín
de Tucumán y al gobernador Alperovich.
En varias
transferencias de jugadores argentinos, verdaderas operaciones de
lavado de dinero, estuvo involucrado el Cartel de Sinaloa. Patricio
Gorosito, ex presidente del club Real Arroyo Seco y testaferro de Julio
Grondona, fue condenado a 19 años de prisión en la causa Carbón Blanco
(trafico de una tonelada de cocaína a Europa).
¿Por
qué el fútbol y el narcotráfico se vinculan tan estrechamente en
Argentina? El fenómeno de los “barra brava” es típicamente argentino, el
más violento y peligroso del mundo según Insight Crime. Conforma
agrupaciones férreas, jerárquicas y cohesionadas tras la cultura del
aguante, un ejército eficaz para el control del mercado de consumo de
drogas, convirtiendo a los “barras brava” en unidades de negocios
(entradas, trapitos, transferencias y droga). Este carácter
organizacionalmente centralizado y territorialmente diseminado coincide
con el perfil ideal de un cartel de consumo.
¿Por qué
la política argentina se relaciona con los “barra brava”? Al igual que
todo grupo de narcotráfico en el mundo, las hinchadas proveen servicios
ilegales de seguridad, siempre necesarios para el disciplinamiento
político del descontento, como bien supo Mariano Ferreyra, asesinado por
miembros de la Unión Ferroviaria y “barras bravas” de distintos clubes
de fútbol, en lo que se denominó “represión tercerizada”.
El libro
de Juan Manuel Lugones, “Barrabravas para todos” abunda en detalles.
Scioli, Macri, Massa, Aníbal Fernández, todos buscaron vincularse con
los barras bravas. Las hinchadas de Boca y River negociaron con La
Cámpora para poner banderas de “Clarín Miente” y “Néstor vive” en las
canchas. Guillermo Moreno llenó el INDEC de barras bravas para impedir
números negativos para el gobierno.
Sin
embargo la vinculación de la política con el fútbol en el ejercicio
ilegal de la política no explica una vinculación de la política con el
fútbol en la búsqueda de realizar negocios de narcotráfico. ¿O sí?
El
tráfico de efedrina, sustancia necesaria para la producción de
metanfetaminas, era prácticamente libre durante los años 2003-2007,
llegando a importar desde el mercado de origen (India y China) hasta
19.200 kilos de efedrina en el año 2007. Los narcos beneficiados por la
apertura invirtieron en la campaña electoral de 2007, lo que significó
un triunfo para el gobierno y para el narcotráfico argentino y mexicano
(Cartel de Sinaloa). La matanza de General Rodríguez cambió el mercado
mundial de precursores químicos y el gobierno actualizó su política.
Como éste hay numerosos ejemplos de vinculación de los gobiernos con el
narcotráfico, pero no muestran al fútbol como entidad intermediaria ni
establecen circuitos perdurables.
La
posibilidad de que la política utilice la droga como moneda de pago por
los servicios prestados por los “barra brava” es razonable, pero
indemostrable todavía. Si así fuera, se conformaría un circuito de
oferta y demanda que intercambiaría favores políticos por droga. Tal
circuito constituiría el surgimiento de un hipotético sexto mercado del
narcotráfico: la narcopolítica, el ejercicio narcotráficamente
sustentado de la política. Así fue el caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa en México, el narcotráfico al servicio del Estado.
La
violencia en el fútbol es el resultado lógico de esta convivencia
tripartita que dirime el control ilegal del territorio amparada en
protecciones y coberturas políticas, que mediante las muertes
dominicales redefine las líneas territoriales, los liderazgos y las
reglas de juego, todo amparado por el Estado.
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