Los entretelones de la decisión de llevar la Superfinal al estadio Santiago Bernabéu
La Copa Conquistadores de América
Se jugará en España y puede interpretarse que influyeron los intereses de su principal banco, de la televisión y del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, socio del gobierno argentino en las autopistas.
En la elección del estadio del Real Madrid fueron decisivos los intereses económicos.
Los chupasangres del fútbol encontraron la coartada perfecta para mudar el clásico a España. Será una final a la madrileña para escarmentar a un puñado de violentos y sepultar la ilusión de las mayorías. Rebautizada por el ingenio popular, la Copa Conquistadores de América cambiará su sede: del Monumental al Santiago Bernabéu. La Conmebol lo decidió así. Pero a no engañarse. La cruzada moralizadora contra las barras bravas argentinas es casi una impostura. Lo que importa es la “pasta”, como llaman al dinero en la Madre Patria.
El Banco Santander, uno de los históricos sponsors del torneo que posicionó su marca en Latinoamérica gracias a la Copa y que en 2019 sumará la Champions League a su cartera de productos, ayuda a entender esta movida. Cuando se asoció al fútbol sudamericano en 2009 ganó un mercado de 1300 millones de personas. Si la finalísima se juega en Madrid es porque privaron este tipo de intereses económicos y eso incluye también a la cadena Fox, la dueña de los derechos televisivos obtenidos de manera poco transparente gracias al escándalo del pago de sobornos en la FIFA y la Conmebol.
El reglamento de la confederación quedó reducido a papel pintado. Más allá de las interpretaciones jurídicas –Boca y River se sienten perjudicados cada uno a su manera– hay más beneficiarios en este negocio del traslado de la final, que pretenden posicionarse por la imagen contraria, su presunta generosidad. El Real Madrid que preside Florentino Pérez –dueño de la empresa ACS, que controla el 30 por ciento de los ingresos en nuestros accesos Norte y Oeste– será el anfitrión del evento. Gana en el fútbol poniendo el clásico argentino en su vidriera y también gana su principal dirigente con las autopistas, ya que el gobierno de Mauricio Macri acaba de autorizar una suba del 56 por ciento en los peajes. En Madrid es vecino de Ana Botín –la presidenta del grupo Santander– en el exclusivo barrio de El Viso.
Podría sostenerse que hace décadas vinieron por los jugadores argentinos y de Sudamérica en general, ahora por el partido más importante de su historia y quizás –en un futuro muy próximo– vengan por nuestras sociedades civiles sin fines de lucro. No es casual que el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, haya declarado la semana pasada que “la culpa es de los clubes” refiriéndose al ataque que sufrió el plantel de Boca a seis cuadras de la cancha de River. No dan puntada sin hilo.
El partido más importante de la historia reciente del país tuvo el peor operativo de seguridad de la historia. No es un juego de palabras. Es la impresión que a esta altura sacaron los millones de hinchas argentinos que verán la final por TV. El fallo de la Conmebol que castigó a River sacándole su condición de local, multándolo en 400 mil dólares y obligándolo a jugar en su estadio dos partidos internacionales sin público en 2019, se basó en la responsabilidad del Estado para controlar a los violentos: “Los incidentes ocurridos fuera de los anillos de seguridad fueron el resultado de la negligencia de las fuerzas del orden público, quienes no arbitraron todos los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad. De hecho, confirma la posición de este Tribunal con sus declaraciones el señor Martín Ocampo, quien renunció a su cargo el lunes 26 de noviembre, a causa de las repercusiones sobre el operativo de seguridad”.
La Conmebol que preside el paraguayo Alejandro Domínguez criticó de esa forma al gobierno de su amigo Macri, quien lo invitó a la gala del Teatro Colón por el G-20. Acaso por reciprocidad. En abril pasado, el presidente argentino había recibido de manos de aquel la Orden del Honor del Fútbol Sudamericano en el grado de Gran Collar Extraordinario. Es la máxima distinción de la Conmebol que presupuestó ingresos para este año de 220,8 millones de dólares, de los cuales 146,2 millones entraron por la Libertadores (el 67,1 por ciento del total).
Una vez conocido el fallo dictado por la Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana, hubo quejas a granel y apelaciones también. De River por despojarlo de jugar la segunda final en su cancha para trasladarlo a España y de Boca porque no le otorgaron el título en el escritorio. Daniel Angelici –titubeante al principio, un duro después–, pidió los puntos presionado por sus compañeros de comisión directiva y los jugadores. Habló del gas pimienta en 2015 como una forma de equiparar ambos hechos. Una polémica que jamás se cerrará y menos con el fallo reciente que obliga a jugar en Madrid.
Boca anunció que contrató a un estudio de abogados españoles, Pintó Ruiz & Del Valle, para apelar ante el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte por su sigla en inglés) el fallo de la Conmebol que según su óptica ignoró “el ataque al micro del plantel sufrido el pasado 24 de noviembre de 2018, perpetrado por los simpatizantes de River Plate en las inmediaciones y hasta el portón de ingreso del estadio Monumental”. La decisión permitió conocer un dato que no es menor. Ese buffet de profesionales especializados en derecho deportivo tiene entre sus miembros a un integrante del TAS: José Juan Pintó Salá. Se trata del presidente del estudio, árbitro del Tribunal y quien trabajó en esa condición durante el Mundial de Sudáfrica 2010 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Se supone que se abstendría de votar llegado el caso.
River también se reserva derechos, aunque los que más perdieron son sus hinchas por los piedrazos que tiró una minoría de los suyos. De la misma forma que se perjudicó la mayoría boquense cuando el “Panadero” Adrián Napolitano tiró el gas pimienta adentro de la manga en aquella noche del 14 de mayo de 2015. Todavía hoy no fue identificado ninguno de los que atacó al bus de Boca. Hay imágenes tomadas en el lugar de lo que parece bastante más que una impericia policial.
De los casi 70 mil hinchas que esperaron casi ocho horas en el estadio Monumental para ver la segunda final a los 5 mil que podrían acceder a entradas en Madrid, hay tanta distancia como la que separa a la capital española de Buenos Aires. La información disponible menciona que se les entregarán 5 mil entradas a cada parcialidad, 20 mil serán destinadas a argentinos residentes en España, 40 mil irán a la venta abierta y 6 mil se entregarán por protocolo.
“La Conmebol aclara que las informaciones que circulan sobre la supuesta venta y asignaciones de entradas no son oficiales y llama a los aficionados a proceder con prudencia y cautela”, señaló la organización en un comunicado. Los hinchas y socios de River que habían pagado sus localidades para la segunda final respondieron con un banderazo realizado ayer por la tarde en el Monumental, pero no para alentar al equipo. Protestaron por la sanción que se le aplicó al club y “el riesgo de ser robados y estafados nuevamente por la Conmebol y por los artilugios mentirosos y cobardes de los directivos del Club Atlético Boca Juniors”.
Por eso abrieron una petición en la plataforma change.org para iniciar una acción civil y penal contra la Confederación que preside Domínguez y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por daños y perjuicios. Necesitan juntar 25.000 firmas como mínimo. Hasta ayer ya se acercaban a las 40 mil.
Los lobistas que jugaron a favor de mudar el partido a Madrid se salieron con la suya. Desde el Banco Santander hasta el embajador argentino en España, Ramón Puerta, un íntimo amigo de Macri. Dijo que “la Conmebol concretó una decisión que los argentinos tenemos que saber aprovechar, es una oportunidad magnífica. Los temas de inseguridad existen, hay que saber controlarlos y dar un paso adelante. Mostrar el fútbol argentino al mundo desde Madrid es un hecho que debemos saber aprovechar”. El presidente de la Nación terminó respaldando esa postura cuando dialogó con Pedro Sánchez, el jefe de Gobierno español en el G20.
El clásico arrebatado al fútbol argentino –que tiene problemas irresueltos de violencia desde hace por lo menos cinco décadas– es un típico producto de la globalización deportiva que el mercado esperaba para ganar mucho dinero. El propio Tebas, lobista consumado de las sociedades anónimas, pretende hacer algo parecido en su país, entregándole el juego a la voracidad de las grandes corporaciones. Acaba de demandar en el Juzgado 12 en lo Mercantil a la Federación Española, a la que acusa de competencia desleal. Quiere llevar la Liga que preside al exterior y sacar sus partidos hacia otros destinos. Por lo pronto, ya decidió que Girona juegue como local ante el Barcelona por los puntos el 26 de enero en Miami.
El superclásico empezó a señalar un camino, aun bajo las condiciones no deseadas de su entorno violento. Paradójicamente, no dejó de ser exportable por eso. Quizás en el futuro se juegue en Las Vegas o Montecarlo para levantar apuestas y exprimirlo hasta sacarle todo el jugo posible. Poco les importará a sus organizadores si no viajan hinchas de River y Boca que sostienen el negocio del fútbol durante el resto del año. En su lugar habrá turistas o magnates dispuestos a abrir sus generosas billeteras.
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